La ética no es gente, aunque a veces parece gente y es hecha por la gente. De ahí, tal vez, su importancia para las profesiones sociales y las tareas que promueven y/o desarrollan, inexcusablemente ligadas a necesidades o expectativas de quienes son objeto y sujeto de su quehacer profesional. No sólo como destinatarios, clientes, usuarios o receptores de un ?servicio? o ?prestación? que dispensan, sino y fundamentalmente como personas a las que es preciso observar, respetar y estimar como ciudadanos con derechos.
Desafortunadamente no siempre es así, por mucho que la construcción histórica de estas profesiones (en la educación, la salud, la cultura, los servicios sociales, la justicia, etc.) muestre su innegable vocación ?social? y ?socializadora? en el escenario que han ido conformando la división del trabajo, la diferenciación de funciones y roles, la atribución de responsabilidades públicas, o la formación previa recibida. Todos ellos, en mayor o menor medida, componentes esenciales en la acreditación y legitimación de sus respectivas competencias para hacerse cargo de una determinada praxis profesional, tanto en lo que comporta de un saber hacer informado por criterios científicos, técnicos, instrumentales, etc., como de un saber ser connotado por principios, valores, normas, actitudes, sentimientos, etc. enraizados ética y moralmente.
La especial relevancia que ha ido adquiriendo la deontología profesional en las últimas décadas responde, en buena medida, a la exigencia de remitir dicha praxis ?sea cual sea el ámbito en el que se lleve a cabo? a un conjunto de derechos y deberes que, más allá de afectar a los modos de ejercer las distintas profesiones, declaran los compromisos que éstas adquieren con las comunidades -de iguales o de otros diferentes- en las que se proyectan. Que esto suceda sin incurrir en los vicios del corporativismo o de la defensa de ciertos privilegios y arbitrariedades, incrementa la conciencia moral de pertenencia a una profesión, cuyo ethos tiende a configurarse distinguiendo entre quienes forman parte de ella y quienes se sitúan en su exterior.
Lo que venimos apuntando explica, entre otras cosas, que los códigos éticos de las profesiones, así como las declaraciones, normas, reglamentos, estatutos, etc. que los desenvuelven, aludan expresamente a las obligaciones y conductas que adquieren, por un lado, tales profesionales con el propio cuerpo profesional al que pertenecen y, de otro, con las personas, instituciones, colectivos, etc. que actúan como referentes principales de su ejercicio profesional. Y que, en el caso de los profesores y profesoras, son sus compañeros y compañeras docentes, los alumnos o estudiantes, las familias, el personal de administración y servicios de los centros, así como cualquier otro miembro de la comunidad educativa que se sienta directa o indirectamente concernido por sus prácticas más cotidianas. En definitiva, porque se espera que las responsabilidades inherentes al quehacer educativo contribuyan al bienestar de la sociedad, promoviendo una educación de calidad para todos los ciudadanos, sin prejuicios o discriminaciones relacionadas con las diversas identidades que los caractericen (de edad, género, etnia, creencia, etc.).
La educación, además de ofrecernos la posibilidad de un progresivo acomodo ?en clave cultural y social? a un tiempo histórico al que nos incorporamos biológicamente, también nos sitúa ante la oportunidad de conocer y reconocer a otros con los que convivimos, transformando el desconocimiento y la indiferencia iniciales en oportunidades para el encuentro, la cooperación, el trabajo compartido o la amistad. Todos ellos, acontecimientos sustentados en valores (tolerancia, respeto, solidaridad, libertad, etc.) en los que los que el deseo de educar a otros comienza por ser uno de los primeros y más elementales de los principios éticos con los que ha de alimentarse la función docente. Sin duda, porque en ellos es donde nos afirmamos como gente; o lo que es lo mismo, como comunidades, pueblos, sociedad o mundo.