Ante el riesgo de mantenernos indiferentes y vulnerables, la Pedagogía Social y las prácticas socioeducativas han de asumir con todas sus consecuencias el sentido de la denuncia y de la propuesta. De invocarlas, de resistir y persistir en ellas.

El 8 de septiembre de 2010 la Declaración del Milenio cumplió diez años. Y, con ella, se decía, la búsqueda de nuevos horizontes para un mundo más pacífico, próspero y justo, teniendo en cuenta valores considerados esenciales para un desarrollo de rostro humano, congruente con derechos y deberes cívicos de inequívoca vocación pedagógica-social: la libertad, la igualdad, la justicia, la democracia, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la naturaleza, la responsabilidad común.
Lo olvidamos con frecuencia, transfiriendo a la economía y a la política un protagonismo excesivo (en ocasiones exclusivo), por mucho que sigamos afirmando y reivindicando la necesidad de comprometer a la educación y a los educadores con la construcción de una sociedad más sensible a las necesidades de las personas y a sus expectativas de desarrollo en un escenario local-global mejor articulado, más cohesionado e inclusivo. De una educación, por tanto, que agrande sus fronteras más allá de la escolarización, proyectando el derecho a educar y a ser educado en los amplios recorridos de las enseñanzas y los aprendizajes que se extienden a lo largo de toda la vida. Propósitos en los que la educación social y su pedagogía vienen empeñándose desde hace décadas. Que esto suceda obliga a repensar las misiones de la educación en el desarrollo. También sus objetivos a escala humana. Ya de partida, activando una mirada inquisitiva, consciente e informada acerca de sus realidades: más de 1.300 millones de personas que viven en la pobreza extrema, cerca de 1.000 millones que pasan hambre crónica, 11 millones de niños que mueren víctimas de enfermedades que se pueden prevenir, millones de mujeres sometidas a profundas desigualdades, cientos de millones que malviven en condiciones insalubres, cientos de millones de niños y jóvenes sin opciones para formarse…
Todas ellas son circunstancias que tratan de afrontar con la urgencia moral del “cambio de siglo” las Naciones Unidas a través de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que deberán ser alcanzados – en sus 18 metas y cerca de 50 indicadores – en el horizonte temporal del año 2015, abarcando e incidiendo en distintas problemáticas, desde la reducción a la mitad de la pobreza hasta la detención de la propagación del VIH-SIDA, la consecución de la enseñanza primaria universal, la reducción de la mortalidad infantil y la mejora de la salud materna, hasta el logro de una efectiva sostenibilidad ambiental.
Tareas que serán evaluadas en la cumbre de Naciones Unidas que se celebrará en Nueva York, justo cuando se cumplan dos tercios de la agenda trazada, en medio de una recesión mundial que ha complicado sobremanera las hojas de ruta de sus itinerarios, recordando la ingenuidad y fragilidad de las intenciones comprometidas o proclamadas. O acaso, simplemente, una vez más, haciendo visibles las densas e intensas incoherencias éticas que van de las palabras a los hechos, de los programas a la acción.
Es aquí, ante el riesgo de mantenernos indiferentes y vulnerables, donde la Pedagogía Social y las prácticas socioeducativas han de asumir con todas sus consecuencias el sentido de la denuncia y de la propuesta. De invocarlas, de resistir y persistir en ellas. La primera, dotando a la educación – con toda la carga semántica de la pedagogía freireana – de su afán desvelador y crítico, habilitando nuevas oportunidades de saber y comprender, de analizar e interpretar en toda su complejidad el alcance de los grandes problemas que padecemos; un quehacer que ni puede ni quiere – al menos tanto como sería deseable – asumir la educación escolar en sus currículum, ni debe fiarse a los medios masivos de comunicación (y opinión) social.
La propuesta, hecha respuesta, ha de implicar a la educación – en las comunidades, en la iniciativa ciudadana, en las prácticas culturales, en los servicios sociales, en los programas de desarrollo, etc. – en los desafíos que comporta avanzar en la equidad y la dignidad humanas, “sin excusas” como se afirma en los documentos oficiales del Milenio. Como una misión pedagógica-social, no sólo económica, política, estratégica, institucional… Que no puede ser dilatada por más tiempo, porque social y educativamente resulta improrrogable.

José Antonio Caride Gómez

Universidade de Santiago de Compostela