La nueva arquitectura del Gobierno de España, presidido por el socialista José Luís Rodríguez Zapatero, cuenta con un ministerio de nueva creación que reunirá las competencias de "Educación, Política Social y Deporte". Para el cargo ha designado a Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, catedrática de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos, que ya venía desempeñando funciones ministeriales en la anterior cartera de Educación, Ciencia y Deporte.
En cierto modo, el nuevo gabinete constituye una notable apuesta por la modernización de las políticas educativas y sociales que corresponden a una democracia como la española, dispuesta a elevar las cotas de bienestar de toda su ciudadanía, velando por el desarrollo de todos sus derechos en condiciones de equidad y justicia. Una materia en la cual también cabe anotar importantes novedades, como es la creación del nuevo Ministerio de Igualdad, que junto con Trabajo e Inmigración completa la estructura social del nuevo gabinete.
El nuevo Ministerio de Educación, Política Social y Deporte imita el modelo británico, donde el Department for Children, Schools and Familias, puesto en marcha por el Primer Ministro Gordon Brown en 2007, reúne las políticas de atención a la infancia y a la adolescencia, desde una perspectiva integral e interministerial, que procura tanto la garantía del derecho a la educación como la promoción de la protección y el cuidado de todos los jóvenes. Y ello, salvaguardando la provisión de bienestar para los niños y las niñas, con políticas sociales que promueven la conciliación de lo público con lo privado, desarrollando programas de educación y apoyo familiar que así lo faciliten.
Volviendo al caso español, la remodelación del gobierno supondrá el trasvase de las competencias de Universidades e Investigación hacia el nuevo Ministerio de Ciencia e Innovación, que estará encabezado por la catedrática vasca Cristina Garmendia, en quien recaen las competencias de Investigación y Desarrollo. Lo cual, para los más escépticos, podría provocar una posible fractura del sistema educativo, en un momento en el cual todavía está casi todo por hacer en relación con la adecuación de las Universidades al Espacio Europeo de Educación Superior.
En todo caso, el nuevo ministerio no va a estar desocupado ni desprovisto de responsabilidades. No en vano, bajo su tutela recae uno de los más importantes compromisos socialistas para la nueva legislatura, cual es la de desarrollar el paquete de políticas sociales aprobadas en los últimos cuatro años. Algo que se presume como una tarea esperanzadora; máxime, cuando todo apunta a que las relaciones gubernamentales entre "lo educativo" y "lo social" van a compartir un mismo escenario de diálogo, que debe convocar a toda la comunidad educativa, con el objetivo de promover las políticas públicas que más y mejor puedan contribuir a agrandar la calidad de vida de las personas, las familias y los grupos sociales. En lo fundamental, el tipo de políticas de bienestar social que hacen efectivos todos los derechos de y para toda la ciudadanía, por medio de los servicios sociales y comunitarios que se corresponden con la práctica de la Educación Social.
Que el Gobierno español se haya atrevido a otorgarle un mismo rango ministerial a las materias educativo-sociales constituye una nueva realidad de la que también deberán emanar nuevas prácticas, acordes la tarea de crear condiciones educativas y sociales para la vida en comunidad, en el marco de una educación-a-lo-largo-de-la-vida, firmemente comprometida defensa con los principios y valores democráticos.
Sobre la mesa están ya una multitud de tareas que afectan al desarrollo de la Ley Orgánica de Educación, en todo lo que respecta a la mejora del sistema escolar, y con ello al incremento de las competencias básicas de los españoles, en consonancia con las Competencias clave para el aprendizaje permanente señaladas por la Unión Europea para cumplir con los objetivos de la estrategia de Lisboa. A su lado, ahora están también los llamados "asuntos sociales" que tienen nombres y apellidos como los de la atención a la infancia y la adolescencia, conciliación de la vida personal, familiar y laboral, promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia, prestación del sistema público de servicios sociales a las familias, etc..
En paralelo, no podrá caer en el olvido que los avances en materia de política educativo-social tendrán que estar asociados a la universalización de las opciones para que las personas dispongan de más y mejores oportunidades, contribuyendo a la cobertura de sus necesidades básicas, y a la densificación de sus lazos relacionales y comunitarios. En buena medida, porque la principal seña de identidad de una verdadera Política de Educación Social es su capacidad para fortalecer el ejercicio de la ciudadanía, contribuyendo a la mitigación y erradicación de los riesgos de exclusión social, así como a una convivencia social favorecedora del bienestar individual y colectivo.
En definitiva, el nuevo gobierno tiene por delante la tarea de edificar una política educativa y social que posibilite el valor de elegir qué es lo que queremos vivir y cómo debemos de hacerlo para convivir juntos. Algo que necesariamente ha de hacerse remarcando el carácter social de la educación, tanto en las denominaciones ministeriales como en las decisiones de gobierno. Veremos.

Pablo Souto