La cuestión no reside exclusivamente en aumentar los recursos y servicios para la infancia, sino en comenzar por aprovechar los existentes para construir una sociedad de todos, en la que los niños puedan sentir.

Nuestras sociedades se asomaron al siglo XX proclamando el derecho de la infancia a ser feliz. O, cuando menos, a gozar del respeto y la estima que como personas les venían siendo negados históricamente, reduciendo sus vivencias – a menudo, marcadas por la indiferencia, el maltrato o la sumisión – a un tiempo de tránsitos, en el que la preparación de los niños y niñas para la adultez constituía el principal objetivo de su desarrollo individual y colectivo.
La obra de Ellen Key «El siglo de los niños» (1900) pondría énfasis en el cambio de rumbo iniciado a mediados del siglo XIX, cuando la infancia comienza a ser reconocida como una etapa con sentido en sí misma, afirmando – en un escenario socioeconómico de grandes desigualdades – la obligación de defenderla, cuidarla y educarla; tres propósitos que no se concretarían de forma explícita hasta 1924, cuando, a través de la conocida como Declaración de Ginebra, se establece que “la humanidad debe al niño lo mejor que ésta puede darle”.
No obstante, transcurrieron treinta años más para que las Naciones Unidas celebrasen, en noviembre de 1989, la primera Convención dedicada específicamente a la infancia, obligando a los Estados a velar por el “interés superior de los niños” (art. 12), garantizándoles la provisión de recursos, la protección ante los abusos y la participación activa en las decisiones que – de un modo u otro – los afectan, tanto en el ámbito familiar como en otros contextos sociales, entre los que las instituciones escolares ocupan un lugar prioritario.
La Convención sobre los Derechos del Niño se redactó considerando un amplio conjunto de circunstancias y procesos de largo recorrido político, ético, jurídico y social, otorgándole un especial protagonismo a la educación – a todas las educaciones – en el desarrollo de su personalidad, en el logro de una mayor igualdad de oportunidades, o en la aspiración a satisfacer los mínimos que se requieren para procurar su bienestar material, psicológico y social.

Cambio y transformación social. El compromiso y las responsabilidades que, poco después, asumieron los Estados y los organismos internacionales – UNESCO, UNICEF, PNUD y el Banco Mundial – con una visión ampliada del aprendizaje y la Educación para Todos (Jomtien, 1990; Dakar, 2000), le conceden, aún sin mencionarlas, un papel clave a la Pedagogía Social y a la Educación Social, al menos en una doble perspectiva:
a) de un lado, la que ante las adversidades que deben afrontar cientos de millones de niños y niñas en situaciones de pobreza y exclusión social, asocia las políticas educativas y sociales a un cambio de rumbo, yendo de los derechos – expresados en los documentos normativos – a los hechos, con el importante cometido que cabe atribuirle a la educación en la búsqueda de un futuro mejor;
b) de otro, la que poniendo énfasis en la vida cotidiana, manifiesta la necesidad de alentar procesos de desarrollo individual y social que estimulen los proyectos comunitarios, el trabajo colaborativo y la iniciativa local, siendo congruentes con los valores que invocan la democracia, la sostenibilidad ambiental, la libertad, la paz, la equidad o la justicia social.
De aquí que, más allá de instruir en los saberes disciplinares que integran el currículum escolar, o de formar a personas conscientes de los derechos y deberes cívicos que contraen con el mundo en el que habitan, también se trate de promover procesos de cambio y transformación social, haciendo copartícipes de sus actuaciones a distintos agentes del territorio (familias, responsables políticos, profesionales sociales, asociaciones, etc.).
Que se haga con la infancia, y no sólo para ella, reconociendo a los niños y niñas como sujetos principales de los programas socioeducativos, artísticos, culturales, etc. que se promuevan, no como meros destinatarios. En opinión del pedagogo italiano Francesco Tonucci, la cuestión no reside exclusivamente en aumentar los recursos y servicios para la infancia, sino en comenzar por aprovechar los existentes para construir una sociedad de todos, en la que los niños puedan sentirse plenamente reconocidos como ciudadanos autónomos y participativos. La Pedagogía Social y la Educación Social deben contribuir a ello tanto como sepan y puedan.

José Antonio Caride